La educación superior constituye en la actualidad una de los instrumentos principales con que cuentan los poderes públicos en su intento de asegurar el desarrollo de sus países. El gasto público destinado a esta finalidad es considerado, por consiguiente, una inversión de futuro.
La oportunidad que supone la educación en general, y la educación superior en concreto, para consolidar el crecimiento y posterior desarrollo, no es ajena a los países iberoamericanos. En este sentido resulta relevante analizar las diferentes estrategias que los países de la región han llevado a cabo en las últimas décadas con el objetivo de capacitar a la población para hacer frente a la revolución tecnológica y científica a la que se asiste en las últimas décadas en un contexto internacional cada vez más globalizado.
En esta comunicación se expondrán las tendencias mostradas, en materia de educación superior, por los países de América Latina a lo largo de las últimas décadas, así como algunos datos ilustrativos de la situación actual. Por último, se señalarán los principales retos que en un futuro, ya inmediato, deben comenzar a afrontar las instituciones de educación superior en tanto que máximos exponentes de la formación y de la producción de conocimiento de una sociedad.

A la hora de analizar la evolución seguida en las últimas décadas por los países de América Latina en lo que a política educativa se refiere, es necesario presentar el contexto político, económico y social en el que se ha llevado a cabo la toma de decisiones sobre una de las políticas que más repercusiones tienen sobre los ámbitos económico, socio-cultural e incluso político de los países.
Al ámbito económico porque la formación se considera una pieza clave para la capacitación de la mano de obra y la elevación de la productividad y competitividad de un país; al social en cuanto a su incidencia sobre la movilidad social y elevación del nivel de vida del conjunto de la sociedad; al político porque en un marco como el Latinoamericano con procesos democráticos en consolidación, la formación es una baza esencial para avanzar, dar a conocer y consolidar los principios que informan el estado de derecho.
En síntesis, el recorrido analiza el patrón de desarrollo prevaleciente en América Latina desde la posguerra mundial, el "aprendizaje doloroso", en palabras de algunos autores, de la década de los ochenta y los desafíos de la democratización durante los noventa.
Tras la Segunda Guerra mundial, el patrón histórico de desarrollo latinoamericano se sustentaba, en gran parte, en la renta procedente de sus recursos naturales, en su endeudamiento externo y en el desequilibrio interno entre ahorro e inversión agravado, por los elevados niveles de inflación. Con el colapso económico de los años 1980, y ante la imposibilidad de hacer uso recurrente del crédito externo, este patrón se agota.

A fines de los años ochenta surgió la denominación de "década perdida" al situarse las principales variables macroeconómicas por debajo de los niveles alcanzados en la década anterior. Esta denominación general requiere ser matizada desde el punto de vista político-institucional, en el sentido que los años ochenta suponen en muchos países de la región la transición, en algunos casos, y la consolidación en otros, de regímenes políticos democráticos o la creación de esquemas de cooperación regional y comercial.

En lo que al ámbito de la educación superior se refiere, cabe destacar el esfuerzo realizado por los países del área en el mantenimiento de este servicio público como se refleja en el sostenimiento de las tasas de matriculación en la educación superior. Este esfuerzo, en un contexto económico adverso, implicó una baja en la calidad en su prestación ya que el gasto público no permitía la contratación de más profesorado y la construcción de nuevas instalaciones o la adecuación de las ya existentes.

El mantenimiento cuantitativo pero no cualitativo agravó sin duda la carencia histórica de recursos humanos adecuadamente formados, que a la larga dificultará la difusión del progreso técnico y la inserción internacional de los países de la región.
A pesar de estas carencias, lo cierto es que entre los años 1950 y 1980 tiene lugar una elevación generalizada del nivel educativo de la población y de las capacidades de investigación científica y tecnológica, salvadas las diferencias existentes entre países. En este período fue la educación postsecundaria y superior la que más se expandió (ésta última multiplicó por seis el número de estudiantes matriculados).

El incremento se debió tanto a la expansión de la demanda social de educación, en parte relacionado con el mayor número de estudiantes egresados de la educación secundaria y, por tanto potencialmente universitarios, junto con la alta prioridad que los planes de desarrollo acostumbraron a asignar al fomento de la educación superior en el contexto de las décadas de los sesenta y setenta. En los años ochenta aunque el ritmo de crecimiento de la matrícula se desaceleró, se mantuvo alrededor del 5 por ciento anual.
A pesar del marco descrito de reducción del gasto público, las cifras ratifican los propósitos de los Estados de mantener la extensión de la educación superior a los niveles conseguidos. Las presiones sociales vienen justificadas por la concepción de la educación como factor clave en la movilidad social.

En un contexto restrictivo como el descrito, las universidades tradicionales no podían cubrir las necesidades de oferta de formación universitaria (oferta de titulaciones) ni absorber el aumento del número de estudiantes. Estos dos factores provocaron la proliferación, a lo largo de toda la década de los ochenta de establecimientos no universitarios orientados sobre todo a las enseñanzas técnicas y a los ciclos cortos.

La presencia de estos centros, en general privados, es especialmente importante en Brasil y Colombia donde representan alrededor del 50 por ciento del total de la matrícula de la enseñanza superior; su orientación profesional se dirige hacia el sector servicios. No obstante, a pesar del aumento de este tipo de centros y de universidades privadas, las universidades públicas continúan concentrando el peso de la matrícula de la educación superior en el conjunto de la región, habiendo aumentado también en número.

Los años noventa se han caracterizado por la consolidación de los procesos de democratización y la asunción de los nuevos retos que de esta situación se derivan. La mayor apertura de las economías latinoamericanas, con el objetivo de consolidar su posición internacional, requiere una adecuación de las capacidades técnicas de la población y, al mismo tiempo, garantizar que esa inserción internacional sea compatible con los objetivos de equidad interna propios de las sociedades democráticas; en este sentido la educación y la difusión del progreso técnico desempeñan un papel crucial, al poner al alcance los conocimientos necesarios para la transformación de las estructuras productivas y el desarrollo de las capacidades innovadoras de los países.

En abril de 1991 tuvo lugar en Quito la IV Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe, integrado por los ministros de Educación de los países de la región. En dicha reunión se aprobó la Declaración de Quito cuya intención es fijar las líneas de transformación que deben regir el futuro del sector educativo.

La nueva etapa tiene que hacer frente a los cambios en la transformación productiva sin perder de vista la equidad social y la democratización política. La declaración contiene seis puntos fundamentales la síntesis de los cuales se recoge a continuación.
La educación debe ser el resultado del consenso nacional con el fin de garantizar el compromiso del conjunto de la sociedad para la formación de sus futuras generaciones y la continuidad de sus políticas y programas orientados a esta finalidad.

La educación debe estar en consonancia con las demandas económicas, sociales, políticas y culturales para romper el aislamiento de las acciones educativas.
La educación es responsabilidad de todos, por lo cual es preciso desarrollar mecanismos de relación entre los agentes económicos y sociales y las instituciones responsables de la educación a todos sus niveles.

Es necesaria la descentralización, la regionalización y la desconcentración.
Es necesario actualizar los contenidos curriculares.
Ser requiere respaldo internacional en el desarrollo de los programas necesarios para asegurar el desarrollo en los países de América Latina y el Caribe.

Sin duda recursos humanos y desarrollo son dos temas muy vinculados entre sí. Por lo tanto, el reto para los países de América Latina y el Caribe para las próximas décadas consiste en crear las condiciones de capacitación, y la incorporación del progreso científico-tecnológico que favorezcan la transformación de las estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social.

Además, el contexto internacional es exigente y la educación superior debe hacer frente a la revolución científica y tecnológica que caracteriza la década. Las nuevas tecnologías son ahora de aplicación directa tanto en la esfera de la producción, donde ya lo eran tradicionalmente, como en la distribución y consumo de los productos. Por tanto, y siguiendo las recomendaciones recogidas en el último informe mundial sobre la educación del año 1998, es preciso capacitar a las poblaciones para que sean capaces de hacer un uso adecuado de las mismas.

Por uso adecuado debe entenderse la utilización de las nuevas tecnologías para conseguir una mejora de la situación cultural, social, económica y política de las diferentes sociedades. En ningún caso el tener acceso a las mismas debería suponer un privilegio y constituirse en un elemento más de diferenciación entre grupos sociales en función de su capacitación y acceso a la tecnología más puntera.

En este empeño, los gobiernos deberían dedicar esfuerzos para que la sociedad en su conjunto fuera capaz de asimilar los conceptos y métodos cada vez más cambiantes que se barajan en las sociedades actuales. Por tanto, y de acuerdo con esta postura, no basta con asegurar el acceso a la educación para todos, aunque esto ya constituya por sí solo un fin deseable, sino que además, los conocimientos aprendidos deben corresponder a las necesidades sociales y servir para garantizar el desarrollo político, económico y social de las sociedades democráticas.
Las universidades, como máximo exponente en la formación deben velar por la actualización de conocimientos de la población del territorio al cual prestan el servicio público de la educación superior.

Junto con las nuevas tecnologías, la descentralización es otro de los ejes centrales de las políticas públicas de educación de América Latina. Algunos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile o México han llevado a cabo procesos de este tipo en sectores como la educación y la sanidad con resultados desiguales, en función también de los métodos utilizados y los recursos destinados a tal finalidad. En el caso de Argentina, desde el 1993 la transformación en el ámbito educativo se está llevando a cabo en el marco normativo que conforma la Ley de Transferencia de servicios educativos a las provincias, la Ley Federal de la Educación y la Ley de Educación Superior.

La descentralización se apoya, en primer lugar, en una razón de raíz política como es el intento de acercar el gobierno a los ciudadanos y hacerlos partícipes del proceso de democratización. De hecho, la posibilidad de promover una efectiva participación ciudadana en el ámbito local es, desde el punto de vista político, uno de los argumentos que justifican un traspaso de responsabilidades a los gobiernos regionales y locales.
La segunda razón tiene carácter económico y se fundamenta en el hecho de que en los procesos de reestructuración de un Estado, la descentralización es considerada una forma de incrementar la eficiencia en la provisión de servicios públicos, y sobre todo aquéllos en cuya prestación no existen economías de escala. Refuerzan los argumentos a favor, la mayor flexibilidad en la gestión y el mayor acceso a información sobre las preferencias y necesidades de ámbito local. El resultado es que la prestación descentralizada es mucho más eficiente.
En este proceso resulta fundamental dotar a los niveles de gobierno regional y local de autonomía real y asegurarles la suficiencia financiera necesaria vía transferencia. En todos los casos la distribución ínterterritorial de los recursos deberá realizarse respetando el principio de equidad.

En el punto anterior se trataba el tema de la descentralización como la posibilidad de que la prestación de determinados servicios públicos, entre los que se hallaba la educación, puedan ser prestados desde un nivel de gobierno más cercano al ciudadano, como puede ser el gobierno regional o el local.

De esta manera los poderes públicos locales o regionales se convierten en uno más de los agentes con los que la universidad interacciona, como ocurre con los agentes privados (empresas). Las relaciones que se establecen no tienen por qué ser estrictamente económicas sino que las posibilidades son muy amplias y de gran interés tanto para las universidades como para el conjunto del territorio. El objetivo es asegurar el desarrollo del territorio en el cual estos agentes de naturaleza diversa se encuentran ubicados.

Las externalidades positivas que se derivan de la ubicación de uno o varios centros universitarios en un espacio determinado pueden llegar a modificar un espacio urbano en el caso que se instale en una ciudad, o el entorno inmediato de la población elegida. En torno a la universidad se generan una serie de servicios (comedores, bancos, transportes, vivienda, librerías) a los que hay que unir los servicios que la propia universidad presta al entorno en el que se instala (biblioteca, espacio público, exposiciones, jardines, conciertos, teatro).

Existe, por tanto, una interacción entre universidad y territorio, cuyo resultado final es un beneficio para el conjunto de la sociedad. La instalación de un determinado centro universitario por su carácter intrínseco no suele implicar perjuicios en su instalación como serían los problemas más frecuentes asociados a la instalación de un centro de producción (ruido, polución, zonas de carga y descarga) o el carácter impersonal de las instalaciones destinadas a servicios con el valor añadido de que además, en este caso su finalidad es prestar un servicio público.
La comprensión de estas interacciones señaladas, requiere una mayor explicación sobre las diferentes tipologías de relaciones existentes. Por una parte, como ya se indicaba anteriormente, está la que se establece entre universidades y los responsables del desarrollo regional para quienes la universidad es una baza importante que hay que explotar en beneficio del desarrollo de la región en tanto que fuente de empleo directo y de perfeccionamiento de la mano de obra de los otros sectores de actividad.

Es también el lugar donde se lleva a cabo la producción científica y tecnológica y se establecen relaciones internacionales; además es un usuario que amenaza escasamente el espacio urbano y, por el contrario, contribuye a su vitalidad sociocultural y a la educación permanente de sus habitantes.

Desde el punto de vista de los organismos implicados en el desarrollo, su trabajo consiste en movilizar a la universidad para que ésta tome parte en los proyectos a favor del crecimiento regional.

En lo que se refiere a los intereses que en la universidad tienen las empresas industriales y comerciales, para éstas el atractivo consiste en aprovechar las conexiones internacionales que la universidad tiene establecidas por la naturaleza propia de sus funciones docente e investigadora.
Por su parte la universidad también tiene motivaciones propias a la hora de elegir sus enclaves; sus objetivos se orientan cada vez más hacia el ámbito local para encontrar nuevos estudiantes, contratos de investigación y captar socios comanditarios para sus proyectos de expansión.
Dados los problemas de financiación a los que se enfrentan actualmente las universidades públicas, la convergencia de intereses de los diferentes agentes públicos y privados que acabamos de analizar, es sin duda un elemento de reflexión a la hora de hacerlos partícipes, en su justa medida, del mantenimiento del servicio público de la educación superior y más teniendo en cuenta los recursos cada vez más crecientes que necesitan estas instituciones para poder mantenerse al nivel puntero que el conjunto de la sociedad les exige y al que además contribuye económicamente.

Algunas de las actividades más comúnmente realizadas en conjunto por universidades y entidades locales son el acceso a las instalaciones universitarias, la prestación de servicios a la colectividad y el soporte a los organismos locales así como la contribución a la vida cultural de la región. En general las universidades con más tradición, por el tipo de ubicación y las características de los edificios históricos que suelen albergarlas, están mejor equipadas para la prestación de servicios culturales como teatros, museos, galerías de arte, conciertos.
Otro campo de interacción muy importante es el de los servicios sanitarios. En general todas las facultades de medicina han estado presentes en las universidades desde el momento de su fundación, con lo cual mantienen estrechos vínculos con la administración y con los servicios de la sanidad pública.

Las bibliotecas, pistas deportivas, salas de concierto, edificios históricos y museos, los campus, los parques y los jardines de la universidad representan sin duda fuentes de ocio para la comunidad. Para ello, por supuesto, desde la institución universitaria deben ponerse en práctica las políticas de acceso a sus instalaciones, dar a conocer a la colectividad los múltiples servicios que y transmitir el atractivo que ello tiene.
De esta manera, algunas de las facilidades son el acceso gratuito a las bibliotecas, el acceso a sus instalaciones deportivas fijando en todo caso, un precio público; dar a conocer las actividades lúdicas y culturales y orientarlas a colectivos específicos, apertura de sus espacios como jardines y parques.

También cabe pensar en fórmulas como poner a disposición de los servicios locales o regionales algunas de las instalaciones enumeradas con el fin de hacerlas más rentables (acoger conferencias, congresos o encuentros de ámbito local o regional). De esta manera, la Universidad y sus instalaciones son percibidas por la comunidad a la cual pertenecen como parte integrante del conjunto de servicios de que disponen sus habitantes.
En definitiva, se trata de ofrecer un centro suplementario a la vida cultural y profesional de su región y contribuir así a su desarrollo.

En los últimos tiempos y siguiendo los modelos vigentes actualmente en las economías más desarrolladas, existe un interés generalizado por la evaluación y la medida de la calidad de la enseñanza superior en los países de América Latina. Un ejemplo de ello es la Recomendación adoptada por los ministros de Educación de América Latina y Caribe en la conferencia que celebraron en Jamaica en 1996 para llevar a cabo la evaluación y la medición de la calidad para asumir la responsabilidad de los resultados de la educación. Este proceso debe basarse en cinco principios que se sintetizan a continuación.

La expansión educativa de los años ochenta presenta en América Latina algunas debilidades importantes a causa de los motivos que impulsaron su desarrollo más cercano a los deseos y presiones sociales que al análisis de necesidades presentes y futuras del conjunto de la sociedad.
En primer lugar, debe señalarse el hecho de que las capas medias y altas han sido las mayores beneficiarias de la educación superior (Cuadro 3), con lo cual se rompe el principio de equidad que debe presidir la prestación del servicio público de la educación superior.
Otra de las debilidades ha sido no haber logrado afianzar la presencia de las mujeres en todos los países, aunque a nivel agregado los logros hayan sido notables. Los países donde la integración es más insuficiente son Bolivia, Guatemala, Perú y aún en menor medida, Ecuador y Panamá.

La distribución de las mujeres según áreas de estudio no ha evolucionado demasiado, fenómeno en este caso comparable a algunos países desarrollados en los que los que aún puede hablarse de carreras netamente femeninas como las del área de Educación y Enfermería y otras puramente masculinas que suelen ser las tecnológicas y científicas. Esta especialización condiciona posteriormente el acceso al mercado de trabajo y los ingresos percibidos.

Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar el futuro de la educación superior en los países de América Latina es sin duda la evolución demográfica. En los países que se encuentran en la etapa de transición demográfica más avanzada tales como Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Panamá y Uruguay, la población menor de 24 años representa menos del 50 por ciento de la población total mientras que los que se encuentran en plena transición o en una fase muy incipiente, caso de Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua este segmento de población supone entre el 50 y el 60 por ciento. Por lo tanto, la presión demográfica sobre la planificación educativa a todos los niveles en los diferentes países deberá ser tenida en cuenta a la hora de realizar previsiones.

Del análisis de todos estos elementos podemos concluir que las capacidades existentes de formación de recursos humanos en América Latina siguen siendo precarias y notoriamente insuficientes para afrontar los desafíos que plantea la inserción internacional. El aumento cuantitativo del número de estudiantes se ha producido sin demasiada inversión y además ha tenido un impacto poco equitativo ya que, como hemos visto, benefició en mayor medida a los hijos de los grupos de ingresos medios y altos. Además la educación impartida no ha tenido en cuenta, de manera prioritaria, los requerimientos de la sociedad.
Por su parte la investigación, otra de las funciones básicas de las universidades, ha estado muy concentrada en algunas universidades, desvinculada del aparato productivo y muy apartada del contexto internacional de ciencia y tecnología.

Las diferencias que han surgido a lo largo de estos años en cada país a consecuencia de su forma de abordar las políticas educativas han ido configurando unos modelos diferentes en cada país. Por tanto, no se puede hablar de una universidad latinoamericana; el esquema universitario vigente en la región es absolutamente heterogéneo como ocurre en otros entornos internacionales, por ejemplo Europa.

Cabe pensar que en un futuro el proceso de globalización se extenderá también a las universidades en el sentido que los países además de con sus universidades nacionales contarán con la implantación de centros pertenecientes a universidades de fuera de la región o país que por su prestigio y capacidad de oferta han conseguido instalarse en un determinado territorio.